La Monarquía Borbónica y el Regalismo

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El regalismo aparece vinculado en la historia de España a los monarcas de la dinastía Borbón del siglo XVIII y sus gobiernos, cuando se trata de explicar las políticas seguidas con el papa de Roma, en orden a consolidar la monarquía absoluta. El fin del regalismo era poner freno al tradicional intervencionismo de los papas en la política interna del Estado pero la cuestión no era nueva. A finales de la Edad Media esta postura comenzó ya a ser utilizada por los monarcas europeos para afianzar su poder político, aprovechando la pérdida de autoridad moral del pontificado y la aparición de las primeras tesis protestantes y en España, las prácticas regalistas comenzaron con los Reyes Católicos y prosiguieron en tiempos de los Austrias, pero se verían acentuadas con los Borbones.

Los monarcas europeos del siglo XVIII pretendieron dirigir un catolicismo ilustrado en sus propios estados potenciando la jurisdicción de sus obispos frente al centralismo pontificio. No se trataba de un anticlericalismo, ya que sabían que no podían romper sus relaciones con el clero por el papel que desempeñaban las instituciones eclesiásticas en multitud de actividades de carácter social y, sobre todo, por seguir participando de sus economías.

En España, las vinculaciones con la iglesia se daban tanto en las instancias superiores como en el ámbito de las parroquias porque una gran parte de los ingresos de la iglesia, la llamada segunda fiscalidad, acababa en manos seglares por diversos procedimientos, como sucedía con el excusado, el subsidio o las tercias reales.
A partir del Concordato de 1753 con Roma, la monarquía se sirvió de muchos beneficios eclesiásticos para promocionar a laicos o fueron concedidos a miembros de la nobleza e hidalgos. Y a la inversa, los gobiernos no dejaron de recurrir a la ayuda del clero a la hora de cubrir las vacantes de altos cargos. Así, por ejemplo, nueve de los doce gobernadores del Consejo de Castilla fueron eclesiásticos y a partir de 1710 también lo fueron algunos virreyes de Aragón y Cataluña.

El nuevo Estado borbónico no se cuestionaba la autoridad de la Iglesia en cuestiones de fe y de moral, pero ésta tuvo que aportar mayor cantidad de recursos y tomar postura en el conflicto cada vez más intenso entre la corona y el papado sobre jurisdicción, rentas y nombramientos. La afirmación de los derechos de la corona sobre la Iglesia y la adopción de una clara posición regalista en España contra el papado se debieron a una serie de factores que se manifestaron de forma relevante en:

- el conflicto surgido en la guerra de sucesión
- los concordatos de 1737 y 1753
- la expulsión de los jesuitas en 1767.

Durante el reinado de Felipe V no se puede separar la situación político-militar de los Borbones españoles en Italia de las polémicas regalistas en torno a la economía usurpada por Roma a través de su burocracia o de la pugna jurídica creada alrededor del derecho de patronato, sobre si éste era derecho propio de los reyes o derecho concedido a éstos por el papa.

De hecho, la corona española tenía determinadas prerrogativas sobre la Iglesia pero deseaba conseguir más. La regalía más importante era el patronato real, el derecho de presentación para los obispados y beneficios más importantes. El real patronato universal era la expresión más elevada del patronato que era el conjunto de derechos que la correspondiente dignidad eclesiástica otorgaba a un particular por el hecho de haber fundado, edificado o dotado con rentas a una iglesia. El principal de estos derechos era el de presentación o el de designar a dicha dignidad a un determinado clérigo para que rigiera aquella.

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En el campo internacional de la guerra de Sucesión, el fracaso de las tropas borbónicas en el norte de Italia permitió la invasión de los austriacos que, sin dificultades, asediaron en 1708 los Estados pontificios. Enseguida se observó las profundas implicaciones religiosas que podía entrañar el hecho de que el papa fuera, además de supremo pastor de la iglesia católica, jefe de un Estado temporal, porque Clemente XI, presionado por los austriacos, y nada favorable a los Borbones, sentó las bases para la posterior aceptación en 1709 del archiduque Carlos como rey católico de España.

Felipe V reaccionó con dureza cortando toda comunicación con Roma y desterrando al nuncio papal lo que causó una gran inquietud en los prelados españoles e hizo que el gobierno tuviera que regular el modo de resolver los problemas religiosos espirituales que entrañaba la interrupción de las comunicaciones normales de los católicos españoles y sus obispos con el romano pontífice.

El gobierno pretendía así molestar a Roma en cuanto potencia extranjera, privándola de las rentas económicas que le llegaban de España, porque en esa comunicación entre la curia y los católicos españoles circulaba mucho dinero: llegaban de Roma bulas y dispensas pontificias que España debía recompensar económicamente y hacia Roma iban las cantidades procedentes de las rentas de las sedes episcopales y de los beneficios eclesiásticos vacantes.

Consciente el papado del error de cálculo político que había cometido, tras la victoria de Felipe en España, la reconciliación entre dicho papado y los Borbones se vio favorecida por la Paz de Utrecht. Sin embargo, siguió reinando un clima de aspereza entre las dos potestades, que se acrecentó de nuevo en el período de posguerra cuando la agresiva política italiana de Isabel Farnesio amenazó los intereses papales.

Si destacado defensor de la autoridad del papado fue Luis Belluga, obispo de Cartagena, que en 1709 envió a Felipe V su famoso memorial antirregalista, el fiscal general de la monarquía, Melchor de Macanaz, en su escrito de 1713 supo sistematizar el material básico y el punto de partida regalista de la ilustración.

El informe Macanaz insinuaba que la Iglesia española necesitaba ser reformada. Esta era también la opinión de Roma y en el decenio de 1720 habría sido posible que los papistas y regalistas colaboraran en la revisión de las instituciones clericales, en la investigación de las órdenes religiosas y en la mejora general de la disciplina eclesiástica. Pero la iniciativa fracasó, porque la corona no estaba realmente interesada en la reforma, sino tan sólo en su poder sobre la Iglesia. Ni la Iglesia ni el Estado cuestionaban la situación de la religión.

Felipe V en sus años de reinado se propuso como meta dos objetivos:
1. Reclamar en calidad de patrona universal la autoridad sobre todas las instituciones eclesiásticas de España, incluida la Inquisición, como venía haciendo la monarquía
desde los Reyes Católicos en las posesiones de ultramar, y
2. obtener del clero la máxima tributación, mediante las rentas de las sedes vacantes y las sumas que cobraban los tribunales eclesiásticos.

Con estas miras, Felipe V negoció un Concordato con Roma. Éste fue firmado el 26 de septiembre de 1737 y a él se llegó después de salvar múltiples dificultades diplomáticas.

Al igual que en 1709 la raíz de las divergencias estuvo en Italia y, aunque en un primer momento las preocupaciones habían girado alrededor de la herencia Farnesio, en Parma y Plasencia, luego surgió otra que acaparó las atenciones españolas: conseguir de un papa, que se negaba a ello, la necesaria investidura para el futuro Carlos III de España como rey de Nápoles y Sicilia.

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De nuevo hubo una previa intervención militar. En este caso, Don Carlos quiso castigar la austrofilia del papa Clemente XI conquistando Velletri, al tiempo que Madrid cerraba la nunciatura. Intimidado, el papa acabó por ceder a las variadas exigencias de Felipe V:

- nombró, a instancias de Isabel de Farnesio, al infante Don Luis Antonio que tenía entonces diez años de edad, cardenal de la iglesia de Roma y administrador de las dos archidiócesis más ricas de España, que eran Toledo y Sevilla,
- invistió a Don Carlos como rey de Nápoles.
- el monarca y el papa acordaron que el rey tenía derecho a proveer cargos y sedes vacantes y a hacerse con las rentas de las sedes vacantes que antes había recibido el papa,
- que las propiedades de la Iglesia no estarían ya exentas de impuestos y
- que había que tomar medidas para la reforma del clero y el control de su número.

El concordato de 1737 ha llamado un poco la atención de los historiadores porque desde su firma, fue considerado por los regalistas radicales como un escrito nulo, vago, diminuto e ineficaz que había dejado en suspenso la cuestión principal y, ésta era el famoso derecho al patronato universal que reclamaba el rey de España. La diplomacia de Roma había sabido sortear los escollos haciendo solamente concesiones puntuales que en nada alteraban su postura fundamental.

En los círculos gubernamentales regalistas de los años siguientes permaneció la idea de firmar con Roma un nuevo concordato que fuera más consecuente con los deseos que pretendía la monarquía borbónica.

Fernando VI, que sucedió a Felipe V en 1746, heredó el problema del patronato y se propuso darle solución definitiva conforme a sus deseos, aprovechando las buenas disposiciones del pontífice Benedicto XIV, un papa muy valorado por los reformistas ilustrados pero a la vez muy criticado por otros sectores antirregalistas y defensores de la supremacía romana, que lo consideraban un papa débil.

Los dos objetivos fundamentales del gobierno de Fernando VI eran:

- impedir cualquier intervención de Roma en los dominios de la corona
- situar a la jerarquía española bajo su control y completar, de esta forma, la concentración de poder en el Estado borbónico (atacar así la inmunidad clerical)

Dos personas fueron claves para el logro del propósito:

- el marqués de la Ensenada, ministro, secretario de hacienda y guerra, marina e indias y el confesor del rey,
- el jesuita Padre Rávago.

Considerando que el ministro Patiño hasta 1736, año en que falleció, había defendido frente a Roma un regalismo radical, según el modelo galicano de Luis XIV y que el resultado había sido un concordato que no había gustado a nadie, Ensenada y Rávago se propusieron actuar con otros modos.
Ambos conocían bien a los curiales romanos y sabían que lo que en Roma se precisaba no eran posturas radicales sino moderadas, hábiles y que fueran acompañadas de dinero para repartir regalos.

Esto último fue clave para alcanzar un consenso satisfactorio ya que ambas partes descartaron todo tipo de discusiones ideológicas para centrarse en las conveniencias prácticas de forma que el gobierno español negoció hábilmente en Roma, contando con la cooperación del papa, Benedicto XIV, que creía en la conciliación y en el realismo político.

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El concordato firmado en el Quirinal el 11 de enero de 1753

1. concedía a la corona el derecho de patronato universal, que ampliaba el derecho de presentación del de los obispos y algunos otros cargos eclesiásticos importantes a todos los canónigos, prebendas y beneficios, excepto 52 que se reservaban al papa.
2. Esto suponía un extraordinario incremento del poder de la corona y fue un paso decisivo en la subsiguiente burocratización de la iglesia española.
3. El Estado no pagaba todavía los salarios del clero pero los nombraba e indirectamente controlaba sus ingresos y, además, obtenía nuevos ingresos de los beneficios vacantes. El concordato de 1753 otorgó a la corona española un estricto control sobre el episcopado y sobre la mayor parte del clero secular.
4. Ensenada, Rávago y sus colegas lo consideraron como un triunfo, aunque en la práctica no varió sustancialmente el carácter de la iglesia española.
5. España dependía todavía de Roma para las dispensas matrimoniales y otros servicios espirituales, y del papa para la designación definitiva de un obispo, lo que dejaba un cierto margen para el enfrentamiento.

La decisión de Carlos III de expulsar a los jesuitas de todos sus dominios fue la acción regalista por excelencia y el motivo próximo fue el motín contra Esquilache en Madrid y otras ciudades, en marzo y abril de 1766.

La versión oficial acusó a los jesuitas de instigadores del mismo pero la hipótesis más plausible es que los ministros enemigos de la compañía, como Campomanes, Floridablanca o Roda aprovecharon las posibles imprudencias de algunos de sus miembros para persuadir al rey que aquel instituto era enemigo del monarca y que su continuidad constituía un peligro para la seguridad del Estado.

Las causas de los rencores anti jesuitas eran muchas y venían de muy atrás.
- Eran políticas derivadas de su gran influencia en la corte de los Austrias y luego en la de los primeros Borbones
- Eran económicas centradas en su lucha con los obispos y el clero secular para eludir el pago de diezmos apelando que la compañía dependía directamente del papa de Roma
- rivalidades pedagógicas con otras órdenes religiosas que les acusaban de buscar el monopolio pedagógico de las clases medias y altas para así acrecentar su influjo social.

En definitiva, las tendencias regalistas y el absolutismo regio no toleraron aquel cuerpo poderoso que les parecía un Estado dentro de otro Estado y el 3 de abril de 1767 Carlos III decretó su expulsión y la confiscación de todos sus bienes.
 

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