Ley de Confesiones y Congregaciones Religios
Publicado: 16 Abr 2013, 18:10
Manuel Azaña fue elegido presidente del gobierno español el 14 de junio de 1931, tras la dimisión de Alcalá Zamora, fue el resultado de un amplio acuerdo, se había ganado un gran prestigio, ocupaba una posición de centro respecto a los dos partidos mayoritarios del momento, el socialista y el radical. La orientación netamente de izquierdas que dio a la política republicana se vio facilitada por la salida del gobierno del Partido Radical, que prefería esperar en la oposición a que el gobierno se desgastara, así que el gobierno que Azaña formó el 16 de diciembre de 1931 quedó integrado tan sólo por el PSOE y los partidos republicanos de izquierda.
Había llegado el momento de llevar a la práctica el espíritu de la recién aprobada Constitución, mediante una decidida política de reformas, entre ellas se promovería la enseñanza pública y laica, se limitaría la influencia de la Iglesia. Los gobiernos que Azaña presidió desde octubre de 1931 hasta septiembre de 1933 configuraron así el denominado bienio reformista. Como era de temer los perjudicados por estas reformas se opusieron frontalmente a ellas.
La aplicación de las disposiciones anticlericales de la Constitución exigía dos medidas fundamentales: la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de la actividad educativa de las órdenes religiosas. [/b]La primera irritaría a los católicos, pero no planteaba especiales dificultades, pero la segunda no sólo suponía un enfrentamiento con aquellas familias que deseaban educar a sus hijos en centros religiosos, sino que exigía una importante inversión para crear los centros públicos que habrían de sustituirlos. Ello no arredró a los gobernantes republicanos. En enero de 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús, que contaba en España con casi 3.000 religiosos y cerca de 200 centros educativos de distintos niveles, y en junio de 1933 las Cortes aprobaron la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que implicaba la supresión de todo subsidio público a la Iglesia católica y el cierre de sus centros educativos, excepto los destinados a la formación de su propio clero, es decir, los seminarios. Los radicales, que por entonces se hallaban en plena campaña de acoso parlamentario a Azaña, mostraron, sin embargo, su fidelidad a sus orígenes anticlericales al sumar sus votos a los de la mayoría gubernamental en la aprobación de esta ley.
Se preveía que para el 31 de diciembre de 1933 cesaran totalmente en sus actividades casi cinco mil centros católicos de enseñanza primaria, en los que estudiaban unos 350.000 alumnos, y casi trescientos de enseñanza secundaria, con unos 20.000 alumnos. Para sustituirlos el gobierno había hecho un considerable esfuerzo de formación acelerada de maestros y de construcción de escuelas, pero cabía dudar que todo pudiera estar dispuesto en la fecha prevista. En la práctica, la derrota de la izquierda en las elecciones de noviembre de 1933 evitó que la Ley de Congregaciones fuera efectivamente aplicada, pero para entonces su efecto político, es decir, el deterioro de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y la consiguiente movilización política de numerosos católicos en un sentido antirrepublicano, ya se había producido. En enero de 1932 una pastoral colectiva del episcopado español había atacado frontalmente la política educativa del gobierno, desaconsejando a los padres católicos que enviaran a sus hijos a centros laicos, y el propio papa Pío XI condenó la Ley de Congregaciones en su encíclica Dilectissima nobis de junio de 1933, que recomendaba la unión de los católicos españoles “para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil”.
También la nueva Ley de Divorcio de 2 de febrero de 1933 les enfrentó, que aunque no podía considerarse estrictamente una medida anticlerical, sino que respondía sencillamente a una concepción liberal de los derechos individuales, pero sabiendo el papel que tradicionalmente había jugado la Iglesia en materia matrimonial y su rechazo a admitir la legitimidad de valores morales que le eran ajenos hicieron que buena parte del clero y de los fieles se opusieran también a esta ley.
Esto es lo que he encontrado en la bibliografía básica
Había llegado el momento de llevar a la práctica el espíritu de la recién aprobada Constitución, mediante una decidida política de reformas, entre ellas se promovería la enseñanza pública y laica, se limitaría la influencia de la Iglesia. Los gobiernos que Azaña presidió desde octubre de 1931 hasta septiembre de 1933 configuraron así el denominado bienio reformista. Como era de temer los perjudicados por estas reformas se opusieron frontalmente a ellas.
La aplicación de las disposiciones anticlericales de la Constitución exigía dos medidas fundamentales: la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de la actividad educativa de las órdenes religiosas. [/b]La primera irritaría a los católicos, pero no planteaba especiales dificultades, pero la segunda no sólo suponía un enfrentamiento con aquellas familias que deseaban educar a sus hijos en centros religiosos, sino que exigía una importante inversión para crear los centros públicos que habrían de sustituirlos. Ello no arredró a los gobernantes republicanos. En enero de 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús, que contaba en España con casi 3.000 religiosos y cerca de 200 centros educativos de distintos niveles, y en junio de 1933 las Cortes aprobaron la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que implicaba la supresión de todo subsidio público a la Iglesia católica y el cierre de sus centros educativos, excepto los destinados a la formación de su propio clero, es decir, los seminarios. Los radicales, que por entonces se hallaban en plena campaña de acoso parlamentario a Azaña, mostraron, sin embargo, su fidelidad a sus orígenes anticlericales al sumar sus votos a los de la mayoría gubernamental en la aprobación de esta ley.
Se preveía que para el 31 de diciembre de 1933 cesaran totalmente en sus actividades casi cinco mil centros católicos de enseñanza primaria, en los que estudiaban unos 350.000 alumnos, y casi trescientos de enseñanza secundaria, con unos 20.000 alumnos. Para sustituirlos el gobierno había hecho un considerable esfuerzo de formación acelerada de maestros y de construcción de escuelas, pero cabía dudar que todo pudiera estar dispuesto en la fecha prevista. En la práctica, la derrota de la izquierda en las elecciones de noviembre de 1933 evitó que la Ley de Congregaciones fuera efectivamente aplicada, pero para entonces su efecto político, es decir, el deterioro de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y la consiguiente movilización política de numerosos católicos en un sentido antirrepublicano, ya se había producido. En enero de 1932 una pastoral colectiva del episcopado español había atacado frontalmente la política educativa del gobierno, desaconsejando a los padres católicos que enviaran a sus hijos a centros laicos, y el propio papa Pío XI condenó la Ley de Congregaciones en su encíclica Dilectissima nobis de junio de 1933, que recomendaba la unión de los católicos españoles “para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil”.
También la nueva Ley de Divorcio de 2 de febrero de 1933 les enfrentó, que aunque no podía considerarse estrictamente una medida anticlerical, sino que respondía sencillamente a una concepción liberal de los derechos individuales, pero sabiendo el papel que tradicionalmente había jugado la Iglesia en materia matrimonial y su rechazo a admitir la legitimidad de valores morales que le eran ajenos hicieron que buena parte del clero y de los fieles se opusieran también a esta ley.
Esto es lo que he encontrado en la bibliografía básica